En el Seminario participaron, el fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal; la abogada Nicole Nehme; el economista Claudio Agostini; el ex presidente de la CPC José Antonio Guzmán; el director de BTG Pactual, Jorge Errázuriz; y el fundador de Cumplo.cl, Nicolás Shea.

 

Al comenzar el seminario, el decano de la Escuela de Gobierno, Ignacio Briones afirmó “para quienes creemos en los mercados como asignadores eficientes de recursos – salvo excepciones que representan las llamadas fallas de mercado- la competencia debiera ser la piedra angular sobre la cual se estructura la legitimidad del modelo de economía de mercado. Y este seminario pretende complementar la línea de investigación de libre competencia desarrollada por Horizontal desde sus inicios, área en la cual la Escuela de Gobierno UAI pretende participar activamente”.

 

El ex presidente de la CPC y ex titular de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, y el director de BTG Pactual, Jorge Errázuriz, mostraron una visión bastante crítica respecto del desempeño que han tenido los gremios en la condena de los atentados a la libre competencia.

 

“Los gremios empresariales tienen que adoptar una actitud más asertiva, más firme, respecto a la defensa de los principios y considerar que este tipo de acciones atenta gravemente contra el modelo económico que sostiene a la empresa privada”, indicó Guzmán. Añadió que estas asociaciones deben tomar medidas contra las empresas involucradas en estos ilícitos, mientras se investigan los hechos. “Los gremios deben adoptar medidas parciales en el sentido, por ejemplo, de suspender el ejercicio de derechos gremiales a las empresas, mientras sale la resolución judicial (…) Los gremios se han asilado en la legítima investigación de estos casos, pero resulta que la resolución de estos casos toma cinco y hasta diez años, de manera que cuando vienen estos fallos ya nadie se acuerda de lo que ocurría. Tiene que haber sanciones parciales que pongan al menos una nota de suspenso y cambiar así la percepción que tiene la opinión pública de estos comportamientos”, enfatizó. “La gente quiere ver sangre no en cinco o 10 años más, sino hoy día y saber qué es lo que le costó este caso (…) La respuesta de condena ha sido muy escasa”, puntualizó.

 

Similar fue la visión planteada por Jorge Errázuriz. “Lo que ha faltado no es un mea culpa de los empresarios, sino más bien una actitud pro mercado en que se sancione en lo social. Cuando un empresario comete prácticas de colusión, puede existir una sanción judicial, pero resulta que está perdonado por sus pares”, destacó. “Creo que es muy importante que los empresarios chilenos sean suficientemente claros respecto de la defensa de las buenas prácticas y dejar de alguna manera establecido una sanción social a su par que cometió un delito”. El director de BTG Pactual aseguró que hay distintas maneras de realizar lo anterior: desafiliación de asociaciones gremiales, sanción pública por parte del empresariado, entre otras. “Ahora es difícil para una asociación gremial cuando están reunidos sancionar a sus pares, por lo tanto, hacen falta instituciones más nuevas que representen especialmente a empresarios jóvenes”, enfatizó.

 

En la misma línea, Errázuriz planteó que se debe avanzar hacia una sanción penal. “Ha habido un avance enorme, pero que no ha estado acompañado de una sanción pecuniaria realmente grave. Considero que deberíamos ir más allá con la sanción penal. Llegar a la cárcel es por lejos lo más disuasivo. El tema es que la gente se inhiba (de cometer actos de colusión) y se inhibe por miedo”, destacó.

 

Por su parte el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázaval hizo un descarnado diagnóstico respecto de la libre competencia y en especial sobre la operación de los carteles en el mercado nacional realizó, “en Chile hay una granjería en favor de las empresas grandes y la granjería es que el peor escenario está limitado por un tope de US$30 millones” de multa por constituir carteles o coludirse. Explicó que “US$30 millones de dólares, en un contexto de carteles, es una suma que no es significativa”.

 

En ese contexto, insistió en que las multas para estas conductas deberían ser equivalentes a un porcentaje de las ventas. Agregó que a futuro, precisamente, debiera observarse una mayor labor de investigación y denuncia por parte de la FNE hacia los casos de cartel.

 

Si bien aún está en discusión la efectividad de las penas de cárcel en los casos de colusión, el economista y profesor de la Escuela de Gobierno, Claudio Agostini es claro: “hay que discutir el tema (…) Es un incentivo tremendo a no coludirse el saber que uno puede terminar preso. Lo que de verdad desincentiva la colusión es el temor a pasar un par de meses preso”, enfatizó.

 

Precisó que la delación compensada tiene aún más valor, si además de ahorrarse la multa, también se evita el estar tras las rejas. “Sé que es un tema súper discutible, pero yo estoy del lado de ponerlas (penas de cárcel)”.

 

En la oportunidad, la abogada Nicole Nehme, aseguró tener sentimientos encontrados frente a la sanción penal. “Si bien entiendo que puede ser el mecanismo más disuasivo, el mundo de la libre competencia en términos regulatorios es como un oasis y funciona muy bien: entre la Fiscalía, el Tribunal e incluso la intervención de la Corte Suprema, es valiosa. Si se incorpora una sanción penal, esto se va a desvirtuar”. Puntualizó que obviamente si se establecen penas de cárcel se sumaría el Ministerio Público, lo cual generaría dificultades en la coordinación.

 

Explicó, además, que esto elevaría el estándar de prueba, por lo que es probable que los culpables no fueran nunca a la cárcel, afectando las expectativas de la ciudadanía. “Creo que el mecanismo de mejorar las multas, junto con reformar la delación compensada, puede ser un sustituto a la sanción penal.

 

 

Descargar Encuesta_Modelo económico y competencia VF UAI, Horizontal, Cadem

 

 

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